viernes, 14 de mayo de 2010

DERECHOS VULNERADOS

Articulo 11. El derecho a la vida es único e inviolable.
Las FARC aún tienen más de 700 colombianos secuestrados
Joaquim Ibarz 06/07/2008 Actualizada a las 20:00h
Bogotá. (enviado especial).- Los familiares de los colombianos en poder de la guerrilla piden al mundo que no abandonen a los cautivos. Tras el rescate de Ingrid Betancourt y de 14 policías y militares que estaban en poder de las FARC, los parientes de centenares de secuestrados están angustiados por el temor al olvido y porque las condiciones de reclusión en la selva se vuelvan aún más penosas.

Fidel Castro pide a las FARC que liberen a todos los rehenes pero no que abandonen las armas
La guerrilla ya sólo mantiene a 25 rehenes políticos, 22 militares y policías y tres civiles. Sin embargo, los secuestrados económicos son muchos más. Olga Lucía Gómez, directora ejecutiva de País Libre, fundación que se dedica a mantener viva ante la opinión pública y el Gobierno la memoria de todos los secuestrados, dice que las FARC retienen a otras 700 personas por motivos económicos, algunas con 12 años de cautiverio en condiciones terribles.
"El drama de los secuestrados en Colombia no se limita a Ingrid y a políticos y militares. Este flagelo es terrible, golpea a miles de familias. Desde 1996 tenemos registradas a 2.800 personas que fueron secuestradas por guerrillas, paramilitares y delincuencia común; ninguno de esos 2.800 secuestrados ha sido liberado o rescatados. El Gobierno de Uribe dice que el secuestro se acabó. Parece que no les interesa la suerte del colombiano común", enuncia Olga Lucía Gómez.
La directora de País Libre insiste en que la fundación sigue haciendo campañas para que no sean olvidados los secuestrados políticos y económicos de todas las clases sociales que hay en Colombia.

"Queremos dar cara y nombre a los secuestrados. El dolor del cautivo y de su familia es el mismo al que sufrió Ingrid y los otros liberados por el Ejército. Y las condiciones de su encierro aún son peores", subraya Olga García Gómez.
Por su parte, Marleny Orjuela, presidenta de Asfamipaz, la asociación de familiares de policías y soldados en poder de las FARC, expresó a este periódico su temor de que la guerrilla tome represalias contra los secuestrados, algunos de los cuales llevan más de 10 años de cautiverio.
"Nos preocupa que la comunidad internacional y el Gobierno pierdan interés en la suerte de los secuestrados tras el rescate de Ingrid y de los tres estadounidenses. Temo que ahora aún tengan menos disposición en llegar a un acuerdo de canje humanitario", dijo Marlene Orjuela.
Los temores tienen fundamento en los relatos de los liberados sobre la manera como la guerrilla mató a 11 ex diputados de la asamblea de Cali que estaban en su poder y sobre anteriores operaciones fallidas de rescate, como la que les costó la vida a un gobernador y a un ex ministro en 2003.
Al fin y al cabo, Betancourt y los tres estadounidenses mantenían el tema de los rehenes en la agenda internacional y eran algo así como las joyas de la corona de las FARC para negociar un canje de rehenes por 500 guerrilleros presos.
María Teresa de Mendieta, esposa del coronel de la policía Luis Mendieta, secuestrado en noviembre de 1998, nos comentó que sintió una gran frustración al comprobar que su marido no figuraba entre los 15 liberados por el Ejército.
El coronel Mendieta, el oficial de más alto rango que sigue en poder de las FARC, hace apenas cinco meses envió a sus familiares como prueba de supervivencia una foto en la que aparecía en plena selva con cadenas y candado al cuello; en una carta a su mujer dio un testimonio aterrador: "He tenido que arrastrarme en el barro para hacer mis necesidades fisiológicas, con la cadena y el candado atados al cuello. (...) No es el dolor físico el que me detiene, ni las cadenas en mi cuello lo que me atormenta, sino la agonía mental, la maldad del malo y la indiferencia del bueno, como si no valiésemos, como si no existiésemos".
Desde Paris, Ingrid Betancourt envió un mensaje de solidaridad a los 25 rehenes políticos y los más de 700 secuestrados por razones económicas que siguen en poder de las FARC.

Betancourt saludó emocionada a sus antiguos compañeros de cautiverio en un mensaje transmitido a través del programa "Las voces del secuestro" de radio Caracol de Colombia. Los animó diciéndoles: "Sé que muy pronto os llegará la libertad". Ingrid comentó tras su rescate que ese espacio de Caracol le sirvió de gran compañía durante su cautiverio de seis años, ya que a través de él escuchaba los mensajes que cada día le enviaba su madre Yolanda Pulecio. Y agradeció a Caracol y al director de "Las voces del secuestro", Erwin Hoyos, su esfuerzo por mantener el espacio, que sirve para que los rehenes mantengan comunicación con familiares y amigos.


Articulo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Los desaparecidos: un contador sin fin

Foto: AP
PROBLEMAS SOCIALES En los últimos años un sistema unifica los casos de personas que salieron de sus casas y no volvieron, por diversas razones; pero los familiares de quienes, se presume, fueron desaparecidos a la fuerza se quejan de que les exijan registrar "presunta muerte" para acceder a ayuda humanitaria.


SALUD
Donar órganos todavía no es una cultura en Colombia
1.400 personas están a la espera de un trasplante para seguir viviendo. La lista se incrementará con el paso del tiempo si no aumenta el número de donantes. ¿Qué se debe hacer para crear una cultura de donación en Colombia?
A lo largo de los últimos años, el contador de las personas desaparecidas ha venido sumando y sumando casos.
En 2007 fueron reportadas a Medicina Legal 4.323 personas que salieron de sus casas, nunca volvieron y no se sabe dónde están. En 2008, ingresaron 15.696 al sistema y en 2009 fueron 18.236, según el informe Forensis del año pasado.
Las cifras se incrementaron cuando el Cuerpo Técnico de Investigación, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de personas Desaparecidas empezaron a incluir los casos que tenían en la plataforma central que maneja Medicina Legal.
“Es importante aclarar que las fechas de desaparición de los casos ingresados en el Registro Nacional de Desaparecidos no ha sido limitada, por lo cual existen registros de desaparición desde principios del siglo XX, incluyendo los reportes realizados ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, asociados a las décadas de los 70, 80 y 90”, explica el Forensis.
Del total de registros que se hicieron en los últimos tres años, 7.065 se consideran, por ahora, desapariciones forzosas. Es decir, estas personas se encuentran en un lugar desconocido porque, posiblemente, alguien los llevó contra su voluntad.

El resto de casos registrados por Medicina Legal se presume que obedecen a gentes que por crisis familiares, económicas o sociales decidieron salir de sus casas y no volver nunca.

Jóvenes desaparecidos y mujeres solas
Del informe Forensis llama la atención que la mitad de todos los desaparecidos registrados se encuentran entre los 20 y 40 años de edad. Y de cada 100 desaparecidos, 78 son hombres.
Es decir, la mayor cantidad de víctimas de la desaparición son hombres en plena edad productiva. En consecuencia, a las mujeres les toca “asumir roles de liderazgo en ámbitos familiares, laborales y sociales, ante la ausencia de la imagen masculina”, según escribió la sicóloga Diana Ramírez en un artículo publicado en el informe de Medicina Legal.
Y son mujeres las que con insistencia han liderado largas batallas jurídicas para que se reconozca su condición de víctimas y se creen mecanismos que les ayuden a encontrar a sus parientes perdidos.

Por fin, lograron que el Congreso aprobara la Ley 589 de 2000, en la que se tipifica el delito de desaparición forzada, después de 13 años de impulsar proyectos.
La batalla más reciente la iniciaron el pasado 22 de abril la Fundación Nydia Erika Bautista para los derechos Humanos y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Ahora, lo que buscan es que las víctimas de desaparición forzada sean tenidas en cuenta como víctimas de la violencia política y reciban los mismos beneficios que las víctimas de masacres, homicidios y secuestros que cometen actores del conflicto.
La argumentación de los abogados que interpusieron la demanda es que la Ley 418 de 1997, que tipifica cuáles son las víctimas del conflicto armado colombiano, no hizo referencia específica a los desaparecidos. Buscan que se corrija esa norma y se incluyan puntualmente a estas víctimas también.

En el artículo 15 de esta ley, dice que "se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros”.
Como se ve, la norma no menciona la desaparición forzada. “De de tal modo que las personas que han sufrido perjuicios como consecuencia de esta conducta únicamente podrían ser consideradas como víctimas de la violencia política en el evento de que la desaparición se produzca en alguno de los cinco eventos especificados en la norma”, alega el texto de la demanda.
Es cierto que durante masacres, atentados o combates puedan presentarse desapariciones. Pero no son los únicos eventos en los que ocurren. “La desaparición forzada es una conducta autónoma que ha sido recurrente en el marco del conflicto armado y que como tal es también fuente autónoma de perjuicios. Por tales razones la norma efectivamente excluye a las víctimas de desaparición forzada”, argumentan los abogados.
El artículo 49 de esa misma ley dice quiénes serán los beneficiarios de las ayudas que ofrece el Estado para las víctimas del conflicto. Puntualmente, se refiere a “quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza”.

En este caso, puede interpretarse que una persona desaparecida es víctima de un atentado contra la libertad personal. Pero en el texto de la demanda se alega que la mención específica de los desaparecidos “era el único modo de garantizar la efectiva inclusión de las víctimas de esta conducta”.

Darlos por muertos
Como consecuencia de esta omisión, a los parientes de las personas desaparecidas deben hacer más trámites que una víctima cualquiera para acceder a los auxilios.
Sus casos son tomados como muertes. Esto quiere decir que deben aportar los registros civiles de defunción por muerte presunta para recibir la ayuda humanitaria.
Se trata de algo “desproporcionado, puesto que la lucha de los familiares ha sido en gran medida un esfuerzo por encontrar a sus familiares vivos. Esa exigencia de la declaración de muerte presunta implica obligar a los familiares a abandonar dicha esperanza de lucha”, según argumentan los abogados que redactaron la demanda.
La sicóloga Ramírez dijo que “la desaparición forzada es uno de los delitos que afecta en mayor medida los derechos fundamentales de las víctimas, en especial los familiares, quienes ante la incertidumbre del destino de la persona o sus restos, afrontan situaciones sociales, psicológicas y familiares, que no les permiten elaborar un duelo que, suspendido, se convierte en parte del proyecto de vida y motivación para una búsqueda indefinida de verdad y justicia”.
Por eso, los abogados insisten en que los familiares de estas víctimas no tienen por qué declarar la muerte de sus parientes desaparecidos. “Tienen derecho a acceder a todas las medidas de atención humanitaria previstas en la Ley 418 de 1997 y en las normas que la desarrollan, sin necesidad de adelantar procesos de declaración por muerte presunta”.
REVISTA SEMANA

Articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, de de fundar medios masivos de comunicación.
En respuesta a la violencia y a la impunidad
Honduras, 10.05.10 - Alejandro Aguirre: redaccionSPAMFILTER@elheraldo.hn
Que sirva este próximo 3 de mayo para honrar la memoria de todos los periodistas caídos en el ejercicio de su deber y para expresar nuestra más profunda solidaridad a sus familiares, amigos y colegas afectados por su desaparición.
Nuestro pensamiento está con los familiares de los 26 periodistas asesinados y siete desaparecidos en estos últimos 12 meses. En nombre de ellos y de las víctimas, seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en luchar contra la violencia y la impunidad, y defender el derecho de todo ciudadano a estar informado.
Precisamente, como respuesta a ello, este lunes 3 de mayo daremos comienzo a un extensivo diplomado virtual que tiene la misión de generar protección y prevenir ataques contra periodistas. En este curso que durará hasta principios de agosto, junto a la Universidad Autónoma de México, “Los alcances del crimen organizado, el ejercicio del periodismo frente a la violencia”, esperamos que los comunicadores adquieran nuevas herramientas que los ayude a ser mejores profesionales.
También en México, uno de los países en que la prensa está más afectada por el crimen organizado, seguiremos manteniendo encuentros con editores, en la convicción de que la solidaridad y la unidad entre medios y periodistas servirán de incentivo para que el gobierno genere los cambios legales y jurídicos necesarios para blindar la libertad de prensa y de expresión.
En el mismo sentido, acabamos de presentar al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, una serie de recomendaciones para combatir la violencia, desde que siete periodistas han sido asesinados en los últimos 12 meses en ese país. Hemos propuesto que el gobierno solicite un acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, similar al que existe en Guatemala, para crear un mecanismo internacional que permita investigar e iniciar procesos penales en casos de crímenes contra la libertad de expresión. También propusimos la creación de una jurisdicción especial que atienda ese tipo de delitos y abrir espacios de discusión entre los tres poderes del Estado para combatir la violencia, entre otros aspectos, que además hemos solicitado a las autoridades de Brasil, Colombia, México y Perú.
Quiero resaltar como positivo que en este período hubo avances procesales importantes en contra de criminales en Brasil y Colombia con la condena de siete personas, una en Colombia y México, respectivamente, y cinco en Brasil, y que al día de hoy, 100 (cien) responsables de asesinatos de periodistas están pagando las consecuencias de sus actos tras las rejas. Seguiremos insistiendo en la necesidad de que los países sigan creando disuasivos, entendiendo que la mejor forma es contar con una justicia eficiente, que investigue con prontitud y castigue con severidad.
Seguimos confiando en el sistema alternativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener justicia, por lo que esta semana hemos presentado dos nuevos casos de Brasil, para un total de 26 que ya hemos sometido desde 1995, obteniendo resultados concretos en algunos de ellos.
Más allá de nuestros logros y de reconocer los esfuerzos en varios países, no podemos bajar los brazos. En Colombia, por ejemplo, donde se redujeron notablemente los asesinatos contra periodistas, hemos detectado que hay 16 casos archivados o suspendidos que se encuentran en manos de distintas fiscalías alrededor del país, y con pocas esperanzas de justicia.
De aquí hasta nuestra próxima asamblea general que celebraremos en noviembre en Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, seguiremos desarrollando estrategias y tácticas investigativas, legales y educativas contra este flagelo que se cierne contra el periodismo de las Américas. Nuestro reconocimiento en esta lucha es para la Fundación John S. y James L. Knight, que generosamente apoya nuestro trabajo.
Quiero, por último, recordar los nombres de cada uno de los periodistas que fueron asesinados o se mantienen desaparecidos en estos 12 meses, desde el 3 de mayo de 2009 hasta la fecha.
México: Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés, José Alberto Velázquez López, José Emilio González Galindo, Bladimir Antuna García, Fabián Ramírez López, Norberto Miranda Madrid, Juan Daniel Martínez Gil, Ernesto Montañez Valdivia, Martín Javier Miranda Avilés, Eliseo Barrón Hernández y Carlos Ortega Melo Samper. Desaparecidos: Ramón Angeles Zalpa, Marí Esther Aguilar Cansimbe y otros cinco periodistas de Tamaulipas.
Honduras: Georgino Orellana, Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Nahúm Palacios, David Meza, Joseph A. Hernández Ochoa y Gabriel Fino Noriega.
Colombia: Clodomiro Castilla Orpino, Harold Rivas Quevedo y Diego Rojas Velásquez.
El Salvador: Christian Poveda.
Guatemala: Marco Antonio Estrada Orla.
Para ellos y por ellos, continúa firme nuestro compromiso solidario.

Articulo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Duro golpe a las FARC en Vegalarga
Mayo 10, 2010 a las 12:04 am
ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ
LA NACIÓN, NEIVA
El comandante del frente ‘Angelino Godoy’ de las Farc, Rigoberto Zuluaga, murió en combates con el Ejército. Otros tres insurgentes fueron dados de baja y cuatro más fueron capturados. Un soldado también pereció.
El comandante del frente 17 ‘Angelino Godoy’, Rigoberto Zuluaga Moncada, conocido con el alias de ‘Rigo’, fue abatido en combates sostenidos con tropas del Ejército.
Otros tres guerrilleros, entre ellos, Walter Robayo, el segundo hombre al mando, también fueron abatidos durante las operaciones que se adelantan desde la semana pasada. Cuatro guerrilleros más, entre ellos la enfermera fueron capturados. Un soldado profesional también murió durante los choques armados.
Las confrontaciones armadas se registraron en la región de Santa Librada, en jurisdicción del corregimiento de Vegalarga.
Durantes las operaciones realizadas por unidades de los batallones Tenerife y Los Panches.
El general Torres Escalante confirmó igualmente que en el hecho falleció también un soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla Los Panches identificado como Carlos Mauricio Caviedes. El cuerpo del uniformado será trasladado hoy a Campoalegre donde será sepultado.
Los resultados, según el comandante de la Novena Brigada, general William Torres Escalante, corresponden a la operación ‘Euforia’ que tenía como objetivo dar de baja al principal cabecilla de la organización y desarticular esta columna guerrillera, una de las más importantes de las Farc en el Huila por ser la encargada de los cobros y acciones de extorsiones en la zona y atentados contra comerciantes.
En las operaciones fue incautado además importante material bélico entre el que se encuentran siete fusiles, una ametralladora M60, un lanzador múltiple de granadas (MGL), más de 400 cartuchos de diferentes calibres, tres pistolas, 14 morrales, 4 de ellos de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre otros elementos.
Operación Euforia
La operación ‘Euforia’ es quizás la acción más contundente del Ejercito en los últimos años contra el frente 17 de las Farc, uno de los cuatro que delinquen en el departamento y conocido por su contribución a las finanzas del grupo armado ilegal, gracias a su accionar extorsivo.
LA NACIÓN conoció que el fuerte golpe dado a las Farc fue producto de un operativo fríamente planeado por las tropas militares. Gracias a información de inteligencia y versiones de algunos desmovilizados, el Ejército conoció que los máximos cabecillas del frente tendrían una reunión en la vereda Santa Librada, ubicada al norte del municipio de Neiva, en zona rural de Vegalarga, en límites con Tello.
Cumbre guerrillera
Al parecer, los jefes guerrilleros se encontraba en una cumbre.
La noticia merecía una operación perfecta, sin errores y certera. Alias ‘Rigo’ máximo cabecilla se encontraría en el mismo lugar junto a Jhon Jairo Arias, alias ‘Rumba’, segundo al mando; Walter Robayo Oliveros, alias ‘Jorge’ tercer cabecilla; José Caicedo, alias ‘Camilo’ jefe de finanzas; y alias ‘Fleiver’ jefe de seguridad del grupo armado; junto a 15 guerrilleros más que conformaban los anillos de seguridad personal de cada cabecilla.
Ubicado el sitio, el Ejército movilizó tropas a la zona, cercó el lugar y comenzó el ataque.
Abatidos
Tres de los cinco cabecillas presentes fueron abatidos: alias ‘Rigo’, principal mando de la organización criminal; alias ‘Jorge’, tercer cabecilla y uno de los 20 más buscados en el departamento del Huila, responsable entre otros hechos, del asesinato del concejal de Baraya, Herlides Avilés; y alias ‘Fleiver’, jefe de seguridad del grupo armado.
El operativo también provocó la muerte de la radista y compañera sentimental de alias ‘Rumba’, ahora principal jefe de la organización, Diana Cortés Macana, conocida como ‘Jeimmy’.
Junto con ellos fueron capturados cuatro guerrilleros más, entre ellos una menor de edad y la enfermera del grupo armado; mientras otros tres se desmovilizaron.
Los nombres no fueron revelados.
Hace una semana y como parte de la misma operación, fueron dados de baja otros dos guerrilleros, con lo que se elevan a seis los guerrilleros muertos, para un total de 13 bajas a la organización armada de la que según información de inteligencia, está conformada por un poco más de 40 insurgentes.
Continúan combates
“Seguimos con tropas de nuestra Brigada, del Batallón Tenerife y del Batallón Panches en el área para la continuación de las operaciones”, manifestó el alto oficial.
El objetivo ahora según el comandante de la Novena Brigada, es dar con el paradero de alias ‘Rumba’ y ‘Camilo’, únicos cabecillas que quedan de la organización. “Invitamos a la ciudadanía a que nos informe sobre la actividad de estos terroristas”.
¿Quién era ‘Rigo’?
Alias ‘Rigo’ no sólo era el comandante del frente 17 de las Farc, sino además uno de los guerrilleros más temidos de esta organización armada. Con 17 años en la insurgencia, Rigoberto Zuluaga llegó hace algunos años a la cabeza de este frente, luego de ingresar como guerrillero raso y de pasar por todos los escaños de la jerarquía de esta organización.
A él se le atribuyen delitos como terrorismo, asesinatos, secuestros, extorsiones, y participación en el asesinato de concejales, asalto a poblaciones y muerte a soldados y Policías.
“Tenía canal directo con alias Romaña, de quien recibía instrucciones. Como cabecilla del frente 17 era el encargado de brindar seguridad al corredor que conecta el norte del Huila con el Meta y Cundinamarca para la movilización de tropas”, manifestó el general William Torres Escalante.
‘Rigo’ fue abatido en combates registrados en las últimas horas en la vereda Santa Librada, de Neiva, en límites con el municipio de Tello. Su cuerpo era arrastrado por algunos guerrilleros que fueron sorprendidos por las tropas, que los hostigó hasta obligarlos a dejar el cadáver abandonado. El cabecilla fue identificado gracias al arma que portaba, un fusil MP5, único en llevarla; las insignias con su nombre en el camuflado y por la versión de un desmovilizado que lo identificó de inmediato al verle.

Este es Rigoberto Zuluaga, alias ‘Rigo’, cabecilla del frente 17 de las Farc, abatido en las últimas horas.

En total cuatro guerrilleros fueron abatidos, cuatro capturados y tres se desmovilizaron durante los operativos.

Importante material bélico fue incautado por el Ejército.

Con la muerte de alias ‘Rigo’, dos cabecillas quedan al mando del frente 17, alias ‘Camilo’, jefe de finanzas, y alias ‘Rumba’, número dos de la organización.
LANACION.COM

Articulo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
En 150 mil crece el número de desplazados por año en Colombia: ONU

"El desplazamiento forzoso aumenta en 150.000 personas por año y en los dos primeros meses de 2010 hubo ocho asesinatos de estas personas", indicó Pillay, durante el examen de la situación en Colombia, ante una delegación de ese país.

Este Comité vigila el cumplimiento de Pacto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, uno de los dos pactos fundadores de la ONU, tomándole examen cada cuatro años a los Estados que lo han ratificado, como ocurre ahora con Colombia.

"El 94% de los desplazados vive por debajo del umbral de pobreza y solo el 20% de las tierras despojadas son investigadas, ¿qué pasa con el 80% restante? parecería que hay impunidad para los infractores", subrayó Pillay.

"Tenemos una deuda enorme con los desplazados internos, que son 3.300.000, alrededor del 7% de la población", reconoció el Jefe de Planeación, Esteban Piedrahita, jefe de la delegación de su país en esta comparecencia, quien no desmintió las alegaciones de Pillay.

Para Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, presente en las deliberaciones, aunque las ONG no pueden hacer uso de la palabra en estas reuniones, la cifra de los desplazados ascendería a 4.500.000, que habrían sido expoliados de 6 millones de hectáreas de tierra.

"Hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios", indicó el ministro Piedrahita.

"La mitad de los desplazados en Colombia son mujeres y no hay una política del gobierno para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, en particular respecto a la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y la alimentación" sostuvo María Eugenia Ramírez, de la ONG colombiana CLADE, presente en Ginebra.

Por otra parte, Piedrahita admitió que el 30% del territorio de Colombia se encuentra habitado por poblaciones indígenas, y el 5% por descendientes de africanos, siendo un país de 45 millones de habitantes, en una superficie equivalente a las de Francia y España juntas.

"Las poblaciones indígenas y los afrocolombianos son los más pobres del país", subrayó Zdislaw Kedzia, otro de los expertos de este Comité, un dato que tampoco fue desmentido ni corregido por la delegación colombiana.

El debate sobre Colombia continuará mañana y el Comité va a emitir un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión, el 21 de mayo venidero.
CARACOL NOTICIAS

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