CONOZCAMOS LA CONSTITUCIÓN

La constitución política es la norma de normas que rige a un país, pero ¿qué es una norma?, es la regla que debe seguirse y que se encuentra aprobada ya sea por costumbre o hábito, dentro de la cultura en la que ella operará. Nosotros los colombianos tenemos una constitución política relativamente reciente, reformada en 1991, lo cual nos permite pensar que ha traído a colación las tendencias de una “nueva” generación y que no seguimos siendo regidos bajo las disposiciones con las cuales tuvieron que vivir nuestros tatarabuelos.
Ahora bien, ya sabemos que tenemos una constitución y que la aceptamos, entonces interpretamos que los derechos allí consagrados son los derechos a los que somos merecedores por el simple hecho de ser humanos y a unos derechos adicionales por el muy honorífico hecho de ser colombianos; por lo tanto el país ya se ha obligado con cada uno de nosotros a ofrecernos unas condiciones de vida mínimas.
Debido a que la convivencia humana hace parte de un sistema biótico bastante complejo, en el que no solamente estamos para exigir, es importante denotar que con el fin de poder responder por los derechos de los demás, cada uno de nosotros debemos poner nuestro grano de arena y cumplir con los deberes que la sociedad nos exige y que también se encuentran consagrados en la constitución política, que ya dijimos, es plenamente aceptada por todos nosotros, porque en algo si estamos de acuerdo y eso es una de los más grandes meritos que tiene este documento, el lograr la conciliación entre los distintos caracteres humanos; y es que, con el propósito de obtener un bienestar no nos importa el tener que pagar el precio, entendiendo así a nuestros deberes.
Y no es que nos duela cumplir con nuestros deberes, muchos lo hacemos, es solo que unas personas no lo hacen con el mismo agrado que otras, aun máxime cuando sienten que las clases sociales más privilegiadas son las que mejor provecho sacan de unos derechos recibidos a cambio de muy pocos deberes cumplidos.
Pero para no aburrirnos con discusiones capitalistas lo mejor es entrar en materia y tratar de descubrir por qué un profesional debe conocer la constitución política de Colombia. Resulta que como ya explicamos anteriormente estos temas consignados en la constitución referente a los derechos y los deberes no son más que un tire y afloje dentro de un proceso o un sistema de vida tanto social como económico. El destino económico de los países está en cabeza de sus empresas y las empresas están en cabeza de los profesionales; profesionales que a su vez han sido puestos en circulación en el mercado laboral por un subsistema educativo, educación recibida para preparar a la sociedad para vivir en sociedad, enseñando a comprender dónde vivimos y cómo debemos hacerlo, enseñando cómo exigir nuestros derechos y cuáles deberes son los que debemos cumplir. Es aquí donde volvemos al principio del ciclo y esperamos a que los profesionales que el estado ha ayudado a instruir vuelvan a servir al estado.
Desde el punto de vista social, el tema es un poco más complicado, debido a que, aunque existen muchas instituciones dispuestas por y en virtud de la constitución, no debe ser por imposición de sus reglamentaciones o castigos que la sociedad deba dar cumplimiento a lo consagrado en la constitución, sino que se trata de un proceso un poco más profundo que tiene que ver con la convicción propia de cada persona de que debe hacerse lo mejor en procura de una sociedad justa y equitativa. Es en este punto dónde la educación se pone en un lugar muy importante, porque debe dejar de ser instrucción para llevar una economía a flote y se convierte en instrucción para la vida, no solo de quien la recibe sino de todos aquellos compatriotas menos favorecidos que se encuentran en una situación marginal con respecto a este derecho. Se esperaría entonces que el aplicar en buena medida lo consignado en la constitución, debiera tender a reducir la marginalidad, pues bien, al comparar índices podemos evidenciar un crecimiento en nuestras condiciones de vida desde 1886 fecha de nuestra constitución más usada hasta 1991 y ahora contando hasta nuestros días; no obstante la celeridad en este tema no es palpable por falta de conciencia ciudadana al respecto y porque somos una sociedad acostumbrada a quejarse y a trabajar muy poco por el bien común.
El profesional que hasta ahora se encuentra en formación debe conocer la constitución política, su incidencia en la vida social y su papel dentro del proceso de difusión y aplicación de la misma, con el único propósito de hacer de este un país mucho mejor, incluyente, participativo y democrático en el que las clases sociales no muestren abismos entre estrato y estrato y donde la libertad se sienta y se respire y no se añore. Solo si un profesional entiende todo esto, podrá llamarse a si mismo profesional.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA

La Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de Colombia de 1991, es uno de los organismos de control del Estado Colombiano. Su función es garantizar, promover, divulgar, defender y proteger los derechos humanos dentro del Estado social de derecho, "democrático, participativo y pluralista", así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario.
Administrativamente, depende de la Procuraduría General de la Nación. El Defensor del Pueblo es elegido cada cuatro años por la Cámara de Representantes a partir de una terna enviada por el Presidente de la República.
Misión de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones integradas:
• Promoción y divulgación de los derechos humanos.
• Prevención, protección y defensa de los derechos humanos.
• Fomento del respeto al derecho internacional humanitario.
Visión
En el 2012, la Defensoría del Pueblo es reconocida en el ámbito nacional e internacional por el impulso a la realización efectiva de los derechos humanos, por su incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos, y por contribuir al avance en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que promueva la convivencia pacífica.
Énfasis de acciones:
• Género y sujetos de especial protección.
• Gestión defensorial.
• Articulación.
• Participación.
• Víctimas del conflicto armado.

Líneas de visión:
• Ejercicio de la magistratura moral.
• Incidencia en la formulación y gestión de la política pública.
• Asistencia, asesoría y orientación defensorial.
• Acceso a la justicia.
• Prevención y protección de los derechos humanos.
• Construcción de una cultura de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
• Modernización y cualificación de la gestión defensorial.

Los colombianos confían en la Defensoría del Pueblo
Un reciente estudio realizado por los profesores Juan Carlos Rodríguez-Raga, investigador de la Universidad de los Andes y Mitchell A. Seligson, coordinador científico y editor de la serie, de la Universidad de Vanderbilt, titulado "la Cultura Política de la Democracia en Colombia", pone de relieve el impacto y la confianza ciudadana en la Defensoría del Pueblo.
En este estudio, Proyecto de Opinión Pública de América Latina- LAPOP-, se les preguntó a los colombianos su nivel de confianza en una serie de instituciones. En este sentido, la Iglesia Católica sigue gozando de los mayores niveles de confianza entre los colombianos, seguida de la Defensoría del Pueblo.
Entre las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo ocupa el primer lugar de confianza entre los ciudadanos.
Este mismo estudio señala que, al igual que en años anteriores, la mayoría de los ciudadanos denuncia la violación a sus derechos humanos en primera instancia ante en la Defensoría del Pueblo, luego ante la Fiscalía General, la Policía, la Procuraduría y las Personerías Municipales.
El resultado de este estudio corrobora la buena imagen que durante varios años ha mantenido esta Institución en los colombianos.
Tomado de: www.defensoria.org.co

DERECHOS VULNERADOS

Articulo 11. El derecho a la vida es único e inviolable.
Las FARC aún tienen más de 700 colombianos secuestrados
Joaquim Ibarz 06/07/2008 Actualizada a las 20:00h

Bogotá. (enviado especial).- Los familiares de los colombianos en poder de la guerrilla piden al mundo que no abandonen a los cautivos. Tras el rescate de Ingrid Betancourt y de 14 policías y militares que estaban en poder de las FARC, los parientes de centenares de secuestrados están angustiados por el temor al olvido y porque las condiciones de reclusión en la selva se vuelvan aún más penosas.

Fidel Castro pide a las FARC que liberen a todos los rehenes pero no que abandonen las armas
La guerrilla ya sólo mantiene a 25 rehenes políticos, 22 militares y policías y tres civiles. Sin embargo, los secuestrados económicos son muchos más. Olga Lucía Gómez, directora ejecutiva de País Libre, fundación que se dedica a mantener viva ante la opinión pública y el Gobierno la memoria de todos los secuestrados, dice que las FARC retienen a otras 700 personas por motivos económicos, algunas con 12 años de cautiverio en condiciones terribles.
"El drama de los secuestrados en Colombia no se limita a Ingrid y a políticos y militares. Este flagelo es terrible, golpea a miles de familias. Desde 1996 tenemos registradas a 2.800 personas que fueron secuestradas por guerrillas, paramilitares y delincuencia común; ninguno de esos 2.800 secuestrados ha sido liberado o rescatados. El Gobierno de Uribe dice que el secuestro se acabó. Parece que no les interesa la suerte del colombiano común", enuncia Olga Lucía Gómez.
La directora de País Libre insiste en que la fundación sigue haciendo campañas para que no sean olvidados los secuestrados políticos y económicos de todas las clases sociales que hay en Colombia.

"Queremos dar cara y nombre a los secuestrados. El dolor del cautivo y de su familia es el mismo al que sufrió Ingrid y los otros liberados por el Ejército. Y las condiciones de su encierro aún son peores", subraya Olga García Gómez.
Por su parte, Marleny Orjuela, presidenta de Asfamipaz, la asociación de familiares de policías y soldados en poder de las FARC, expresó a este periódico su temor de que la guerrilla tome represalias contra los secuestrados, algunos de los cuales llevan más de 10 años de cautiverio.
"Nos preocupa que la comunidad internacional y el Gobierno pierdan interés en la suerte de los secuestrados tras el rescate de Ingrid y de los tres estadounidenses. Temo que ahora aún tengan menos disposición en llegar a un acuerdo de canje humanitario", dijo Marlene Orjuela.
Los temores tienen fundamento en los relatos de los liberados sobre la manera como la guerrilla mató a 11 ex diputados de la asamblea de Cali que estaban en su poder y sobre anteriores operaciones fallidas de rescate, como la que les costó la vida a un gobernador y a un ex ministro en 2003.
Al fin y al cabo, Betancourt y los tres estadounidenses mantenían el tema de los rehenes en la agenda internacional y eran algo así como las joyas de la corona de las FARC para negociar un canje de rehenes por 500 guerrilleros presos.
María Teresa de Mendieta, esposa del coronel de la policía Luis Mendieta, secuestrado en noviembre de 1998, nos comentó que sintió una gran frustración al comprobar que su marido no figuraba entre los 15 liberados por el Ejército.
El coronel Mendieta, el oficial de más alto rango que sigue en poder de las FARC, hace apenas cinco meses envió a sus familiares como prueba de supervivencia una foto en la que aparecía en plena selva con cadenas y candado al cuello; en una carta a su mujer dio un testimonio aterrador: "He tenido que arrastrarme en el barro para hacer mis necesidades fisiológicas, con la cadena y el candado atados al cuello. (...) No es el dolor físico el que me detiene, ni las cadenas en mi cuello lo que me atormenta, sino la agonía mental, la maldad del malo y la indiferencia del bueno, como si no valiésemos, como si no existiésemos".
Desde Paris, Ingrid Betancourt envió un mensaje de solidaridad a los 25 rehenes políticos y los más de 700 secuestrados por razones económicas que siguen en poder de las FARC.

Betancourt saludó emocionada a sus antiguos compañeros de cautiverio en un mensaje transmitido a través del programa "Las voces del secuestro" de radio Caracol de Colombia. Los animó diciéndoles: "Sé que muy pronto os llegará la libertad". Ingrid comentó tras su rescate que ese espacio de Caracol le sirvió de gran compañía durante su cautiverio de seis años, ya que a través de él escuchaba los mensajes que cada día le enviaba su madre Yolanda Pulecio. Y agradeció a Caracol y al director de "Las voces del secuestro", Erwin Hoyos, su esfuerzo por mantener el espacio, que sirve para que los rehenes mantengan comunicación con familiares y amigos.


Articulo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Los desaparecidos: un contador sin fin

Foto: AP
PROBLEMAS SOCIALES En los últimos años un sistema unifica los casos de personas que salieron de sus casas y no volvieron, por diversas razones; pero los familiares de quienes, se presume, fueron desaparecidos a la fuerza se quejan de que les exijan registrar "presunta muerte" para acceder a ayuda humanitaria.


SALUD
Donar órganos todavía no es una cultura en Colombia
1.400 personas están a la espera de un trasplante para seguir viviendo. La lista se incrementará con el paso del tiempo si no aumenta el número de donantes. ¿Qué se debe hacer para crear una cultura de donación en Colombia?
A lo largo de los últimos años, el contador de las personas desaparecidas ha venido sumando y sumando casos.
En 2007 fueron reportadas a Medicina Legal 4.323 personas que salieron de sus casas, nunca volvieron y no se sabe dónde están. En 2008, ingresaron 15.696 al sistema y en 2009 fueron 18.236, según el informe Forensis del año pasado.
Las cifras se incrementaron cuando el Cuerpo Técnico de Investigación, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de personas Desaparecidas empezaron a incluir los casos que tenían en la plataforma central que maneja Medicina Legal.
“Es importante aclarar que las fechas de desaparición de los casos ingresados en el Registro Nacional de Desaparecidos no ha sido limitada, por lo cual existen registros de desaparición desde principios del siglo XX, incluyendo los reportes realizados ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, asociados a las décadas de los 70, 80 y 90”, explica el Forensis.
Del total de registros que se hicieron en los últimos tres años, 7.065 se consideran, por ahora, desapariciones forzosas. Es decir, estas personas se encuentran en un lugar desconocido porque, posiblemente, alguien los llevó contra su voluntad.

El resto de casos registrados por Medicina Legal se presume que obedecen a gentes que por crisis familiares, económicas o sociales decidieron salir de sus casas y no volver nunca.

Jóvenes desaparecidos y mujeres solas
Del informe Forensis llama la atención que la mitad de todos los desaparecidos registrados se encuentran entre los 20 y 40 años de edad. Y de cada 100 desaparecidos, 78 son hombres.
Es decir, la mayor cantidad de víctimas de la desaparición son hombres en plena edad productiva. En consecuencia, a las mujeres les toca “asumir roles de liderazgo en ámbitos familiares, laborales y sociales, ante la ausencia de la imagen masculina”, según escribió la sicóloga Diana Ramírez en un artículo publicado en el informe de Medicina Legal.
Y son mujeres las que con insistencia han liderado largas batallas jurídicas para que se reconozca su condición de víctimas y se creen mecanismos que les ayuden a encontrar a sus parientes perdidos.

Por fin, lograron que el Congreso aprobara la Ley 589 de 2000, en la que se tipifica el delito de desaparición forzada, después de 13 años de impulsar proyectos.
La batalla más reciente la iniciaron el pasado 22 de abril la Fundación Nydia Erika Bautista para los derechos Humanos y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Ahora, lo que buscan es que las víctimas de desaparición forzada sean tenidas en cuenta como víctimas de la violencia política y reciban los mismos beneficios que las víctimas de masacres, homicidios y secuestros que cometen actores del conflicto.
La argumentación de los abogados que interpusieron la demanda es que la Ley 418 de 1997, que tipifica cuáles son las víctimas del conflicto armado colombiano, no hizo referencia específica a los desaparecidos. Buscan que se corrija esa norma y se incluyan puntualmente a estas víctimas también.

En el artículo 15 de esta ley, dice que "se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros”.
Como se ve, la norma no menciona la desaparición forzada. “De de tal modo que las personas que han sufrido perjuicios como consecuencia de esta conducta únicamente podrían ser consideradas como víctimas de la violencia política en el evento de que la desaparición se produzca en alguno de los cinco eventos especificados en la norma”, alega el texto de la demanda.
Es cierto que durante masacres, atentados o combates puedan presentarse desapariciones. Pero no son los únicos eventos en los que ocurren. “La desaparición forzada es una conducta autónoma que ha sido recurrente en el marco del conflicto armado y que como tal es también fuente autónoma de perjuicios. Por tales razones la norma efectivamente excluye a las víctimas de desaparición forzada”, argumentan los abogados.
El artículo 49 de esa misma ley dice quiénes serán los beneficiarios de las ayudas que ofrece el Estado para las víctimas del conflicto. Puntualmente, se refiere a “quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza”.

En este caso, puede interpretarse que una persona desaparecida es víctima de un atentado contra la libertad personal. Pero en el texto de la demanda se alega que la mención específica de los desaparecidos “era el único modo de garantizar la efectiva inclusión de las víctimas de esta conducta”.

Darlos por muertos
Como consecuencia de esta omisión, a los parientes de las personas desaparecidas deben hacer más trámites que una víctima cualquiera para acceder a los auxilios.
Sus casos son tomados como muertes. Esto quiere decir que deben aportar los registros civiles de defunción por muerte presunta para recibir la ayuda humanitaria.
Se trata de algo “desproporcionado, puesto que la lucha de los familiares ha sido en gran medida un esfuerzo por encontrar a sus familiares vivos. Esa exigencia de la declaración de muerte presunta implica obligar a los familiares a abandonar dicha esperanza de lucha”, según argumentan los abogados que redactaron la demanda.
La sicóloga Ramírez dijo que “la desaparición forzada es uno de los delitos que afecta en mayor medida los derechos fundamentales de las víctimas, en especial los familiares, quienes ante la incertidumbre del destino de la persona o sus restos, afrontan situaciones sociales, psicológicas y familiares, que no les permiten elaborar un duelo que, suspendido, se convierte en parte del proyecto de vida y motivación para una búsqueda indefinida de verdad y justicia”.
Por eso, los abogados insisten en que los familiares de estas víctimas no tienen por qué declarar la muerte de sus parientes desaparecidos. “Tienen derecho a acceder a todas las medidas de atención humanitaria previstas en la Ley 418 de 1997 y en las normas que la desarrollan, sin necesidad de adelantar procesos de declaración por muerte presunta”.
REVISTA SEMANA

Articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, de de fundar medios masivos de comunicación.
En respuesta a la violencia y a la impunidad
Honduras, 10.05.10 - Alejandro Aguirre: redaccionSPAMFILTER@elheraldo.hn
Que sirva este próximo 3 de mayo para honrar la memoria de todos los periodistas caídos en el ejercicio de su deber y para expresar nuestra más profunda solidaridad a sus familiares, amigos y colegas afectados por su desaparición.
Nuestro pensamiento está con los familiares de los 26 periodistas asesinados y siete desaparecidos en estos últimos 12 meses. En nombre de ellos y de las víctimas, seguiremos poniendo nuestro esfuerzo en luchar contra la violencia y la impunidad, y defender el derecho de todo ciudadano a estar informado.
Precisamente, como respuesta a ello, este lunes 3 de mayo daremos comienzo a un extensivo diplomado virtual que tiene la misión de generar protección y prevenir ataques contra periodistas. En este curso que durará hasta principios de agosto, junto a la Universidad Autónoma de México, “Los alcances del crimen organizado, el ejercicio del periodismo frente a la violencia”, esperamos que los comunicadores adquieran nuevas herramientas que los ayude a ser mejores profesionales.
También en México, uno de los países en que la prensa está más afectada por el crimen organizado, seguiremos manteniendo encuentros con editores, en la convicción de que la solidaridad y la unidad entre medios y periodistas servirán de incentivo para que el gobierno genere los cambios legales y jurídicos necesarios para blindar la libertad de prensa y de expresión.
En el mismo sentido, acabamos de presentar al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, una serie de recomendaciones para combatir la violencia, desde que siete periodistas han sido asesinados en los últimos 12 meses en ese país. Hemos propuesto que el gobierno solicite un acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, similar al que existe en Guatemala, para crear un mecanismo internacional que permita investigar e iniciar procesos penales en casos de crímenes contra la libertad de expresión. También propusimos la creación de una jurisdicción especial que atienda ese tipo de delitos y abrir espacios de discusión entre los tres poderes del Estado para combatir la violencia, entre otros aspectos, que además hemos solicitado a las autoridades de Brasil, Colombia, México y Perú.
Quiero resaltar como positivo que en este período hubo avances procesales importantes en contra de criminales en Brasil y Colombia con la condena de siete personas, una en Colombia y México, respectivamente, y cinco en Brasil, y que al día de hoy, 100 (cien) responsables de asesinatos de periodistas están pagando las consecuencias de sus actos tras las rejas. Seguiremos insistiendo en la necesidad de que los países sigan creando disuasivos, entendiendo que la mejor forma es contar con una justicia eficiente, que investigue con prontitud y castigue con severidad.
Seguimos confiando en el sistema alternativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para obtener justicia, por lo que esta semana hemos presentado dos nuevos casos de Brasil, para un total de 26 que ya hemos sometido desde 1995, obteniendo resultados concretos en algunos de ellos.
Más allá de nuestros logros y de reconocer los esfuerzos en varios países, no podemos bajar los brazos. En Colombia, por ejemplo, donde se redujeron notablemente los asesinatos contra periodistas, hemos detectado que hay 16 casos archivados o suspendidos que se encuentran en manos de distintas fiscalías alrededor del país, y con pocas esperanzas de justicia.
De aquí hasta nuestra próxima asamblea general que celebraremos en noviembre en Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, seguiremos desarrollando estrategias y tácticas investigativas, legales y educativas contra este flagelo que se cierne contra el periodismo de las Américas. Nuestro reconocimiento en esta lucha es para la Fundación John S. y James L. Knight, que generosamente apoya nuestro trabajo.
Quiero, por último, recordar los nombres de cada uno de los periodistas que fueron asesinados o se mantienen desaparecidos en estos 12 meses, desde el 3 de mayo de 2009 hasta la fecha.
México: Evaristo Pacheco Solís, Jorge Ochoa Martínez, José Luis Romero, Valentín Valdés, José Alberto Velázquez López, José Emilio González Galindo, Bladimir Antuna García, Fabián Ramírez López, Norberto Miranda Madrid, Juan Daniel Martínez Gil, Ernesto Montañez Valdivia, Martín Javier Miranda Avilés, Eliseo Barrón Hernández y Carlos Ortega Melo Samper. Desaparecidos: Ramón Angeles Zalpa, Marí Esther Aguilar Cansimbe y otros cinco periodistas de Tamaulipas.
Honduras: Georgino Orellana, Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Nahúm Palacios, David Meza, Joseph A. Hernández Ochoa y Gabriel Fino Noriega.
Colombia: Clodomiro Castilla Orpino, Harold Rivas Quevedo y Diego Rojas Velásquez.
El Salvador: Christian Poveda.
Guatemala: Marco Antonio Estrada Orla.
Para ellos y por ellos, continúa firme nuestro compromiso solidario.

Articulo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Duro golpe a las FARC en Vegalarga
Mayo 10, 2010 a las 12:04 am
ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ
LA NACIÓN, NEIVA
El comandante del frente ‘Angelino Godoy’ de las Farc, Rigoberto Zuluaga, murió en combates con el Ejército. Otros tres insurgentes fueron dados de baja y cuatro más fueron capturados. Un soldado también pereció.
El comandante del frente 17 ‘Angelino Godoy’, Rigoberto Zuluaga Moncada, conocido con el alias de ‘Rigo’, fue abatido en combates sostenidos con tropas del Ejército.
Otros tres guerrilleros, entre ellos, Walter Robayo, el segundo hombre al mando, también fueron abatidos durante las operaciones que se adelantan desde la semana pasada. Cuatro guerrilleros más, entre ellos la enfermera fueron capturados. Un soldado profesional también murió durante los choques armados.
Las confrontaciones armadas se registraron en la región de Santa Librada, en jurisdicción del corregimiento de Vegalarga.
Durantes las operaciones realizadas por unidades de los batallones Tenerife y Los Panches.
El general Torres Escalante confirmó igualmente que en el hecho falleció también un soldado adscrito al Batallón de Contraguerrilla Los Panches identificado como Carlos Mauricio Caviedes. El cuerpo del uniformado será trasladado hoy a Campoalegre donde será sepultado.
Los resultados, según el comandante de la Novena Brigada, general William Torres Escalante, corresponden a la operación ‘Euforia’ que tenía como objetivo dar de baja al principal cabecilla de la organización y desarticular esta columna guerrillera, una de las más importantes de las Farc en el Huila por ser la encargada de los cobros y acciones de extorsiones en la zona y atentados contra comerciantes.
En las operaciones fue incautado además importante material bélico entre el que se encuentran siete fusiles, una ametralladora M60, un lanzador múltiple de granadas (MGL), más de 400 cartuchos de diferentes calibres, tres pistolas, 14 morrales, 4 de ellos de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre otros elementos.
Operación Euforia
La operación ‘Euforia’ es quizás la acción más contundente del Ejercito en los últimos años contra el frente 17 de las Farc, uno de los cuatro que delinquen en el departamento y conocido por su contribución a las finanzas del grupo armado ilegal, gracias a su accionar extorsivo.
LA NACIÓN conoció que el fuerte golpe dado a las Farc fue producto de un operativo fríamente planeado por las tropas militares. Gracias a información de inteligencia y versiones de algunos desmovilizados, el Ejército conoció que los máximos cabecillas del frente tendrían una reunión en la vereda Santa Librada, ubicada al norte del municipio de Neiva, en zona rural de Vegalarga, en límites con Tello.
Cumbre guerrillera
Al parecer, los jefes guerrilleros se encontraba en una cumbre.
La noticia merecía una operación perfecta, sin errores y certera. Alias ‘Rigo’ máximo cabecilla se encontraría en el mismo lugar junto a Jhon Jairo Arias, alias ‘Rumba’, segundo al mando; Walter Robayo Oliveros, alias ‘Jorge’ tercer cabecilla; José Caicedo, alias ‘Camilo’ jefe de finanzas; y alias ‘Fleiver’ jefe de seguridad del grupo armado; junto a 15 guerrilleros más que conformaban los anillos de seguridad personal de cada cabecilla.
Ubicado el sitio, el Ejército movilizó tropas a la zona, cercó el lugar y comenzó el ataque.
Abatidos
Tres de los cinco cabecillas presentes fueron abatidos: alias ‘Rigo’, principal mando de la organización criminal; alias ‘Jorge’, tercer cabecilla y uno de los 20 más buscados en el departamento del Huila, responsable entre otros hechos, del asesinato del concejal de Baraya, Herlides Avilés; y alias ‘Fleiver’, jefe de seguridad del grupo armado.
El operativo también provocó la muerte de la radista y compañera sentimental de alias ‘Rumba’, ahora principal jefe de la organización, Diana Cortés Macana, conocida como ‘Jeimmy’.
Junto con ellos fueron capturados cuatro guerrilleros más, entre ellos una menor de edad y la enfermera del grupo armado; mientras otros tres se desmovilizaron.
Los nombres no fueron revelados.
Hace una semana y como parte de la misma operación, fueron dados de baja otros dos guerrilleros, con lo que se elevan a seis los guerrilleros muertos, para un total de 13 bajas a la organización armada de la que según información de inteligencia, está conformada por un poco más de 40 insurgentes.
Continúan combates
“Seguimos con tropas de nuestra Brigada, del Batallón Tenerife y del Batallón Panches en el área para la continuación de las operaciones”, manifestó el alto oficial.
El objetivo ahora según el comandante de la Novena Brigada, es dar con el paradero de alias ‘Rumba’ y ‘Camilo’, únicos cabecillas que quedan de la organización. “Invitamos a la ciudadanía a que nos informe sobre la actividad de estos terroristas”.
¿Quién era ‘Rigo’?
Alias ‘Rigo’ no sólo era el comandante del frente 17 de las Farc, sino además uno de los guerrilleros más temidos de esta organización armada. Con 17 años en la insurgencia, Rigoberto Zuluaga llegó hace algunos años a la cabeza de este frente, luego de ingresar como guerrillero raso y de pasar por todos los escaños de la jerarquía de esta organización.
A él se le atribuyen delitos como terrorismo, asesinatos, secuestros, extorsiones, y participación en el asesinato de concejales, asalto a poblaciones y muerte a soldados y Policías.
“Tenía canal directo con alias Romaña, de quien recibía instrucciones. Como cabecilla del frente 17 era el encargado de brindar seguridad al corredor que conecta el norte del Huila con el Meta y Cundinamarca para la movilización de tropas”, manifestó el general William Torres Escalante.
‘Rigo’ fue abatido en combates registrados en las últimas horas en la vereda Santa Librada, de Neiva, en límites con el municipio de Tello. Su cuerpo era arrastrado por algunos guerrilleros que fueron sorprendidos por las tropas, que los hostigó hasta obligarlos a dejar el cadáver abandonado. El cabecilla fue identificado gracias al arma que portaba, un fusil MP5, único en llevarla; las insignias con su nombre en el camuflado y por la versión de un desmovilizado que lo identificó de inmediato al verle.

Este es Rigoberto Zuluaga, alias ‘Rigo’, cabecilla del frente 17 de las Farc, abatido en las últimas horas.

En total cuatro guerrilleros fueron abatidos, cuatro capturados y tres se desmovilizaron durante los operativos.

Importante material bélico fue incautado por el Ejército.

Con la muerte de alias ‘Rigo’, dos cabecillas quedan al mando del frente 17, alias ‘Camilo’, jefe de finanzas, y alias ‘Rumba’, número dos de la organización.
LANACION.COM

Articulo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
En 150 mil crece el número de desplazados por año en Colombia: ONU

"El desplazamiento forzoso aumenta en 150.000 personas por año y en los dos primeros meses de 2010 hubo ocho asesinatos de estas personas", indicó Pillay, durante el examen de la situación en Colombia, ante una delegación de ese país.

Este Comité vigila el cumplimiento de Pacto de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, uno de los dos pactos fundadores de la ONU, tomándole examen cada cuatro años a los Estados que lo han ratificado, como ocurre ahora con Colombia.

"El 94% de los desplazados vive por debajo del umbral de pobreza y solo el 20% de las tierras despojadas son investigadas, ¿qué pasa con el 80% restante? parecería que hay impunidad para los infractores", subrayó Pillay.

"Tenemos una deuda enorme con los desplazados internos, que son 3.300.000, alrededor del 7% de la población", reconoció el Jefe de Planeación, Esteban Piedrahita, jefe de la delegación de su país en esta comparecencia, quien no desmintió las alegaciones de Pillay.

Para Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, presente en las deliberaciones, aunque las ONG no pueden hacer uso de la palabra en estas reuniones, la cifra de los desplazados ascendería a 4.500.000, que habrían sido expoliados de 6 millones de hectáreas de tierra.

"Hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios", indicó el ministro Piedrahita.

"La mitad de los desplazados en Colombia son mujeres y no hay una política del gobierno para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, en particular respecto a la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y la alimentación" sostuvo María Eugenia Ramírez, de la ONG colombiana CLADE, presente en Ginebra.

Por otra parte, Piedrahita admitió que el 30% del territorio de Colombia se encuentra habitado por poblaciones indígenas, y el 5% por descendientes de africanos, siendo un país de 45 millones de habitantes, en una superficie equivalente a las de Francia y España juntas.

"Las poblaciones indígenas y los afrocolombianos son los más pobres del país", subrayó Zdislaw Kedzia, otro de los expertos de este Comité, un dato que tampoco fue desmentido ni corregido por la delegación colombiana.

El debate sobre Colombia continuará mañana y el Comité va a emitir un dictamen de recomendaciones al fin de esta sesión, el 21 de mayo venidero.
CARACOL NOTICIAS

DERECHOS RESPETADOS

El artículo 19 de la Constitución de Colombia de 1991 garantiza la libertad de cultos y dice además que "Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva". El artículo 19 aclara también que "Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley". De esta manera, el Estado Colombiano en lo que respecta a su credo político, entra en pleno tono con el desarrollo democrático y da participación libre y activa a todos los credos religiosos presentes en Colombia de acuerdo con la ley civil y los deberes y derechos del ciudadano común. Por otra parte, los grupos religiosos pueden determinar la forma de participación política de acuerdo a la ley dentro de sus propios esquemas orgánicos.
Evidencias:
De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, hay libertad de cultos, prevaleciendo en un 96.6% la religión católica; el resto (3.4%) está repartido entre religiones como: Adventista, Evangelista, Testigos de Jehová, Mormones y otras. Algunas tribus aún conservan sus creencias y costumbres.
Los fieles cambian de templo
Por Helda Martínez
BOGOTÁ, abr (IPS) - En Colombia, de arraigada tradición religiosa, la Iglesia Católica pierde feligreses cada día, mientras que las congregaciones evangélicas desbordan sus templos.
"En situaciones extremas, por la guerra (civil) o debido a las crisis económicas, las personas buscan algo que trascienda, que les proporcione sensación de seguridad y eso lo ofrece la religión", explicó a IPS la socióloga Ana Mercedes Pereira.
Con la experta coincide el sacerdote jesuita Efraín Aldana, quien complementó, crítico con su Iglesia Católica actual, que los colombianos ahora "buscan una religión que les aporte en la solución de la pobreza, que no sea autoritaria sino que, por el contrario, esté cerca de la gente".

"Este es un tema que preocupa a muchos a obispos católicos, que ven el aumento de iglesias protestantes, en especial en sectores populares", señaló a IPS Aldana, cuya misión la ejerce con poblaciones marginales en la caribeña Cartagena de Indias.
"Sin embargo, la Iglesia Católica no se ha puesto a tono con el momento histórico de la humanidad, lo que facilita el éxodo de fieles hacia otras congregaciones" cristianas de muy diverso tipo y origen, apuntó. Para este clérigo, "temas como el celibato, en muchos casos la ostentación, la rigidez y la distancia con la gente del común, favorecen prácticas más cercanas a la comunidad como la música, los cantos y las afirmaciones".
De este modo y por varias causas políticas y sociales los católicos extremadamente preponderantes en el país, al punto de que tradicionalmente más de 90 por ciento de la población se declaraba como tal, comenzó a ceder terreno en detrimento de los evangelistas.
En 1930 en Colombia se estimaba en sólo 9.000 los adherentes a iglesias cristianas evangélicas y para 1950 en unos 70.000.
En la década del 50 este país vivió un proceso de modernización, calificado por la economista Consuelo Corredor como "fragmentada y excluyente", pero que produjo cambios sociales. Aumentó el acceso a la educación y de las mujeres al trabajo fuera de su casa, comenzó el control de la natalidad y hubo una proliferación de medios de comunicación.
"Y la sociedad colombiana se secularizó", comentó Pereira."Los acontecimientos mundiales también influyeron en el acontecer nacional, como fue el caso del comienzo en 1962 del Concilio Vaticano II y la consecuente puesta en marcha de la Teología de la Liberación en América Latina, que favorecieron la creación de las (católicas) Comunidades de Base", agregó.
La Teología de la Liberación y su opción preferencial por los pobres, entusiasmó a muchos de los sacerdotes y laicos católicos, que veían en su práctica la posibilidad de cambios sociales, de desarrollo comunitario y mejor calidad de vida para los más desposeídos.
Uno de los casos más emblemáticos en Colombia fue el sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien se sumó a la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y murió en combate en febrero de 1966, pocos meses después de su ingreso.
Simultáneamente surgieron organizaciones como el Centro de Educación Popular y el Centro Colombiano de Comunicación y comunidades religiosas y de laicos, que promovieron la organización y la investigación social.
Otro hito católico en igual sentido social fue la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Celam), realizada en 1968 en la noroccidental ciudad de Medellín, donde se definió por justicia, paz, demografía y que, según registros, se desarrolló bajo el lema de que "para conocer a Dios es necesario conocer al hombre".
Los seguidores de la Teología de la Liberación y las organizaciones de base, que se extendieron por toda América Latina, "no fueron muchos en Colombia, pero sí fueron fuertes", comentó Pereira.
"Sin embargo, no se contaba con el apoyo del episcopado colombiano, que se empeñó en motivar procesos de involución a los avances que proponía" esa teología, apuntó.
Junto a este proceso involutivo de la Iglesia Católica se profundizó en Colombia el conflicto armado interno y la represión generalizada del Estado, sufrida especialmente por los católicos progresistas.

Julio César Turbay, durante su gobierno de 1978 a 1982, mantuvo el Estatuto de Seguridad, que implicó una mayor represión política y dos años después de finalizado su mandato, ya en el gobierno de Belisario Betancur, el posicionamiento del paramilitarismo ultraderechista en la región central del Magdalena Medio.
De manera simultánea, las tendencias neoliberales se expandieron y cobraron auge en el país y en la región en los años 80, seguido de la globalización y nuevos efectos económicos de exclusión social. A esta nueva realidad política se sumó la libertad de cultos promovida por la Constitución que entró en vigor en 1991.
En 1994, las iglesias evangélicas alcanzaron los dos millones de fieles. En este auge influyó el conflicto armado interno colombiano que agudizó en los años 80 el narcotráfico y el paramilitarismo, además de la crisis económica de mediados de la década del 90.
"La crisis afectó de manera especial a la clase media. Produjo desempleo, aumentó los intereses bancarios y las cuotas (para la adquisición) de vivienda, por lo cual miles de ahorradores perdieron en su empeño de adquirir casa propia, sueño prioritario en la cultura popular colombiana", afirmó la socióloga Pereira.
Entonces la gente buscó alternativas en las iglesias, sintiéndose atraídos por las que imparten la teología de la prosperidad, que se logra mediante la generosidad.
"Quien da recibe multiplicado", aseguran. "De ahí la importancia de los diezmos, o aportes económicos de los fieles a sus iglesias y pastores", indicó.
Los seguidores evangélicos en Colombia, con unos 43 millones de habitantes, superaron los cinco millones el año pasado y los católicos bajaron a 82 por ciento de la población, según estadísticas dadas a conocer a IPS.
En Colombia están presentes iglesias evangélicas también conocidas como protestantes históricas, que surgieron con las reformas del siglo XVI y que incluye a las Presbiteriana, Bautista y Menonita, entre otras.
Luego surgen las pentecostales, seguidoras del Espíritu Santo, y años después las neo-pentescostales, "en general orientadas por pastores de clase media, relacionadas con Estados Unidos, pero que rompieron con la iglesia madre por razones diversas", explica la socióloga Ana Mercedes Pereira.
En este grupo de líderes actuales está la Misión Carismática Internacional, que en Bogotá cuenta con cerca de 90.000 miembros con un crecimiento marcado en 2000, como resultado de mensajes dirigidos en especial a los jóvenes, y un sistema de expansión de doce, haciendo referencia a los 12 apóstoles de Jesús.
La Misión Carismática es orientada por el pastor César Castellanos y su esposa Claudia Rodríguez, quien incursionó en la política hasta ocupar un lugar en el Senado y luego desempeñarse como embajadora de Colombia en Brasil entre 2004 y 2006.
También incluye la Casa en la Roca, liderada por el periodista Dario Silva, polémico durante sus años de ejercicio en los medios de comunicación, quien afirma que el Espíritu Santo lo salvó del suicidio ante una situación de desespero hace ya varios años.
La congregación Compromiso Cívico Cristiano con la Comunidad (C4), proviene de la llamada Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo y es orientada por la familia de Jimmy Chamarro, senador de Colombia hasta el año pasado.
El crecimiento de estas iglesias, que además se caracterizan por la obediencia de sus fieles, no ha sido indiferente a los políticos de tradición católica. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aceptó la invitación de la Misión Carismática Internacional para hablar ante 16.000 personas reunidas en el Coliseo Cubierto de Bogotá durante su campaña electoral.
Uribe mencionó en su discurso la castidad y su oposición al aborto, logrando el aplauso de las multitudes que repitieron la frase bíblica, "y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición".
"Expresiones multitudinarias de este corte las explica el sociólogo alemán Manheim cuando dice que por lo general, en tiempos de crisis lo religioso se expresa con fuerza en lo público. En tiempos de estabilidad social es relegado al ámbito de lo privado", recordó Pereira. (FIN/2007)

Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Evidencias:
Gustavo Guillermo Moncayo Rincón, conocido como El Profesor Moncayo, es un colombiano que emprendió, el 17 de junio de 2007 una marcha a pie desde Sandoná, Nariño hasta Bogotá, en un recorrido de más de 1.000 kilómetros. Esta marcha la inició por la liberación de su hijo, el suboficial del ejército Pablo Emilio Moncayo, secuestrado por las FARC desde el año 1997 y por el flagelo nacional del secuestro y exigiendo el intercambio humanitario.


Otras marchas del profesor Moncayo

Foto: Archivo EL TIEMPO
El profesor Gustavo Moncayo estuvo presente en diferentes foros hablando acerca de la situación de su hijo Pablo Emilio Moncayo.
Además de su primera caminata a mediados del 2007 entre Sandoná (Nariño) y Bogotá, el profesor Gustavo Moncayo buscó expandir su petición fuera de Colombia.
El 15 de septiembre del 2007 viajó a Europa, en donde realizó un periplo por las principales capitales continentales para explicar el drama de los rehenes de las Farc, que incluyó un encuentro con el papa Benedicto XVI.
"En Francia, Bruselas, Italia, El Vaticano y aquí en la capital de Alemania, nos han reabastecido con un caudal de solidaridad y generosidad sin límite, pero también es cierto que los días pasan y mi hijo y los secuestrados siguen allá desperdiciándose cautivos en el monte" le dijo el docente nariñense a EL TIEMPO el 27 de octubre del 2007, seis días después de que el profesor cumpliera un año atado a cadenas en los brazos y el cuello.
En su viaje a la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI lo recibió por cinco minutos el 10 de octubre, después de una eucaristía de la que Moncayo y su hija Yuri, participaron como "invitados de honor".
El 19 de noviembre del 2007 el profesor Moncayo emprendió un nuevo viaje caminando desde Bogotá hasta Caracas, Venezuela. Si bien este no resonó tanto como el primero que hizo, en términos de distancia fue aún mayor: anduvo 1.400 kilómetros con cadenas en manos y cuello.
Salió desde la Plaza de Bolívar y llegó a la capital venezolana el 17 de enero del 2008, donde se reunió con el presidente Hugo Chávez quien le brindó su respaldo.
Su visita ocurrió en una época en la que la relación entre ese gobierno y el de Álvaro Uribe estaba en un momento de efervescencia a raíz de un pronunciamiento del mandatario venezolano, quien proponía que se le otorgara el estado de beligerancia a las Farc y al Eln. Por esta razón el presidente colombiano decidió ponerle fin a la mediación de Chávez.
Otras caminatas del profesor
- El 6 de marzo de 2008 el 'Caminante por la paz' paralizó las operaciones del sistema masivo de transporte TransMilenio en Bogotá acompañado de unos 400 desplazados, entre campesinos, comerciantes e indígenas.
- El 28 de julio de ese mismo año, en un nuevo intento por conseguir la liberación de su hijo, Gustavo Moncayo emprendió un viaje hacia las selvas de Colombia en compañía de la Guardia Nacional Indígena y de su inseparable hija Yury Tatiana.
- En febrero de 2009 Moncayo anunció la posibilidad de realizar un referendo por el acuerdo humanitario. El propósito era demostrar el deseo del país por lograr la liberación de los secuestrados. Con esa idea inició una travesía por el Río Magdalena desde el departamento del Huila hasta el Banco (Magdalena). El recorrido duró cerca de 20 días.
- El 27 de marzo de 2009 partió en una nueva caminata por la paz. En esta oportunidad su recorrido inició en el departamento de La Guajira. Una vez terminó, emprendió un nuevo viaje por las demás zonas de la Costa Caribe.
- Ese mismo año, en septiembre, Moncayo incluso anunció que iba a crucificarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y emprendió de nuevo su camino desde Tolemaida (Cundinamarca) hacia la capital para cumplir con su nueva y radical promesa que finalmente no le permitieron cumplir.
Las batallas de Moncayo fueron muchas, caminó medio país y buscó ayuda por fuera. Él, junto a su hija Yuri Tatiana, fueron galardonados en diciembre de 2008 con el Premio Nacional de Paz. La historia de Moncayo también fue publicada en un extenso artículo en el prestigioso diario estadounidense 'The Washington Post' y ocupó espacios en la prensa internacional

Artículo 38. Garantiza el derecho de asociación de los patronos, trabajadores y a todo el que ejerza una actividad independiente, el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El derecho de asociación en sindicatos se extiende a trabajadores de todo el servicio oficial. Se exceptúan:
Los Miembros del Ejército Nacional
Los Cuerpos o Fuerzas de policía de cualquier orden
Evidencias:
Los sindicatos pueden ser de tres tipos:
Sindicatos de trabajadores: a los cuales se puede afiliar cualquier trabajador. Estos a su vez se clasifican en:
De Base: Si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución.
De Industria: Si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de una misma rama industrial.
Gremiales: Sí están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad.
De oficios varios: Sí están formados por trabajadores de diversas profesiones disímiles o inconexas. Estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en el número mínimo requerido para formar uno gremial y sólo mientras subsista ésta circunstancia.
Son ejemplos de sindicatos los siguientes : de base; Sindicato Nacional de trabajadores del IDEMA SINTRAIDEMA ; De Industria: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Metálica, Metalúrgica y Siderúrgica SINTRAIME; Gremial: Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC; De oficios Varios: Sindicato de loteros, vendedores ambulantes y vigilantes portuarios de Tumaco (Ejemplo figurado).
Sindicatos profesionales: a los que se afilian los trabajadores de determinada profesión, como electricistas, carpinteros, o pintores.
Sindicatos industriales, a los cuales se pueden afiliar los trabajadores de una determinada industria, como los del sector automovilístico o los de la siderurgia. Los funcionarios públicos también pueden sindicarse.
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) es la federación sindical que agrupa los sindicatos departamentales y distritales de maestros y maestras de Colombia. Es la federación más importante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) dada la alta tasa de sindicalización de la educación pública, los sindicatos de FECODE cuentan con más de un millón de afiliados en todo el país. FECODE además es filial de la Internacional de la Educación. Su actual presidente es el licenciado Senen Niño avendaño y su secretario general es el licenciado Luis Eduardo Varela.



MINEDUCACIÓN Y FECODE LOGRAN ACUERDO DE CONCERTACIÓN LABORAL
Bogotá, mayo 24 de 2009 (MEN).- Tras 40 días de diálogo con la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), el Ministerio de Educación Nacional logró firmar un acuerdo de concertación laboral que beneficia a los 310 mil maestros del sector público, convirtiéndose así en la primera entidad del Estado que aplica y da cumplimiento al decreto 535 de 2009.
El decreto –a través del cual el Gobierno Nacional busca cumplir con los acuerdos firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- establece que las entidades del Estado lleguen a acuerdos concertados con los empleados públicos, en este caso los maestros, sobre las peticiones que estos hacen en el marco de sus derechos laborales.
Durante las negociaciones, que iniciaron el pasado 14 de abril y que terminaron este sábado 23 de mayo, participaron –entre otros- el presidente de FECODE, Senen Niño; el vicepresidente, Rafael Cuello y el Secretario General, Luis Eduardo Varela. Por parte del Ministerio estuvieron la ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez White; la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Isabel Segovia y la Secretaria General, Nohemy Arias.
Los siguientes son algunos de los acuerdos y compromisos logrados durante la concertación entre el Ministerio y FECODE:
Con el ánimo de superar el conflicto surgido en la interpretación sobre la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y reconociendo por una parte su importancia para el magisterio; el Ministerio de Educación Nacional se comprometió a participar, junto con los ministerios de Protección Social y Hacienda, en las sesiones de la Comisión Accidental de Pensiones creada por el Senado de la República, para alcanzar acuerdos en esta materia.
El Ministerio, en conjunto con las secretarías de educación, realizará un estudio sobre cursos que actualmente sobrepasen 45 alumnos en secundaria y 40 en primaria para lograr su ajuste. A partir de 2010, las secretarías deberán revisar las matrículas para garantizar el ajuste de dichos cursos, salvo casos de fuerza mayor.
Se empezará a introducir la jornada ampliada de los niños de primaria, con el fin de garantizar áreas de inglés, artes, informática y educación física. Cada entidad territorial, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, deberá hacer un plan que no implique modificación de la asignación académica de los docentes mediante estrategias como horas extras, para llegar a una ampliación equivalente del parámetro a 1.1 docente por grupo.
El Ministerio expedirá una resolución mediante la cual se reglamentarán los requisitos y procedimientos para el traslado y protección de docentes amenazados.
El Ministerio expedirá un decreto a través del cual se reglamentará el sistema nacional de traslados en todas las entidades territoriales, buscando transparencia, equidad y agilidad. También se garantizará que FECODE desarrolle un sistema de veeduría para el cumplimiento de dicho decreto.
El Ministerio expedirá una Directiva para establecer un límite para identificación de deudas laborales. Asimismo, FECODE colaborará en el proceso de identificación de las mismas.
A través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional apoyará líneas de crédito a los docentes para la adquisición de predios rurales. De igual forma, se impulsarán los programas de crédito para vivienda del Fondo Nacional de Ahorro (FNA).
Y, se logró establecer una preferencia para los maestros en el marco de una política anticíclica para acceder a consultar sobre una línea de vivienda media para dar prioridad a maestros en la obtención de créditos blandos.
Tras la firma del acta final del acuerdo entre el Ministerio y FECODE, la ministra Cecilia María Vélez, resaltó la importancia y productividad de las negociaciones y dijo que "el sindicato se comprometió a enviar permanentemente al Ministerio toda la información necesaria para que todas estas disposiciones que estamos estableciendo en esta concertación, se puedan cumplir".
Finalmente indicó que desde el Ministerio se hará seguimiento cada dos meses al cumplimiento del acta para que "efectivamente todos estos beneficios lleguen a todo el territorio nacional".

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. Ver la Ley 131 de 1994
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Desarrollado por la Ley 43 de 1993 Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.
Evidencias:

Colombia votó en paz este domingo
Partido de la U sigue a la cabeza del Senado
Colprensa Bogotá Publicado el 14 de marzo de 2010
Con cerca del 70% de las votaciones el Partido de la U tendría 27 curules; el partido Conservador 25; el partido Liberal 18; el Partido de Integración Nacional, PIN, con 8; Cambio Radical con 8; Polo Democrático con 7; el partido Verde con 4; el Movimiento de Renovación Independiente, Mira, con 2, y Compromiso Ciudadano por Colombia con una curul en el Senado.

Acorde con el boletín número 19 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, emitido a las 10:45 de la noche, de las 52.839 mesas escrutadas (68.69%), el partido de la U tiene 1.994.031 votos; el partido Conservador tiene 1.780.609 votos; el partido Liberal tiene 1.312.740 votos; el Partido de Integración Nacional, PIN, 622.022 votos; seguido de Cambio Radical con 621.856 y del Polo Democrático con 572.135; el total de votos en blanco fue de 280.722

Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.
Evidencias:
Cárcel para empresario colombiano por ofrecer software ilegal

El Juzgado 14 Penal del Circuito Adjunto de Bogotá condenó al directivo a 28 meses de prisión y a una multa equivalente a 25 salarios mínimos (12,4 millones de pesos). De esta forma se estructuró la sentencia condenatoria en contra del representante legal de la empresa Antivirus de Colombia por la reproducción, distribución y venta ilegal de programas antivirus de la multinacional McAfee
Como si lo anterior fuera poco, el juzgado determinó en su sentencia que el representante legal de Antivirus de Colombia deberá indemnizar a la compañía de seguridad informática McAfee con 400 millones de pesos, la cifra más alta que se ha establecido en un proceso legal relacionado con piratería de software en el país.
La fiscalía séptima de la Unidad Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones pudo establecer que Antivirus de Colombia violó el artículo 271 de la Ley 599 del 2000 que señala que la comercialización, venta y alquiler de productos protegidos por el derecho de autor sin la debida autorización de quienes ostentan el derecho, comúnmente los fabricantes de software, configura el delito de defraudación a los derechos patrimoniales de autor.

Esta sentencia que se constituye en un caso sin precedentes en el país, evidencia aún más el compromiso de todos los estamentos del Estado por luchar de frente contra el flagelo de la piratería.
Fuente: http://www.eltiempo.com/enter/actualidad_a/-carcel-para-empresario-por-ofrecer-software-ilegal_5844327-1